El Consejo Presidencial de Transición (CPT) que liderará la transición política en Haití hasta el 7 de febrero de 2026 estará integrado por nueve personas, de las cuales siete tendrán derecho a voto y dos trabajarán en calidad de observadores y sin derecho a sufragio.
Después de malentendidos entre el gobierno y los partidos políticos, los nombres de los nueve miembros del CPT se formalizaron por decreto. Este órgano, que se encargará de restablecer la calma y la estabilidad en el país, cuenta con siete representantes de movimientos políticos locales, todos hombres. La única mujer es nombrada como observadora y es una de las dos miembros sin derecho a voto.
El primer grupo lo conforman Smith Augustin (partido EDE/RED y Compromis Historique), Louis Gerald Gilles (Acuerdo del 21 de diciembre), Fritz Alphonse Jean (Acuerdo de Montana), Edgard Leblanc Fils (Acuerdo del 30 de enero), Laurent Saint-Cyr (sector empresarial privado), Emmanuel Vertilaire (Parti Pitit Dessalines) y Leslie Voltaire (Fanmi Lavalas). Como observadores y sin derecho a voto aparecen Regine Abraham (organización REN) y Frisnel Joseph, quien representa a la sociedad civil.
El 12 de abril se publicó otro decreto nombrando a los integrantes del CPT, pero las organizaciones que los respaldan emitieron una protesta alegando que el texto publicado tenía importantes cambios con respecto al acuerdo del 3 de abril pasado para una transición pacífica y ordenada, impulsado por la Comunidad del Caribe (Caricom), los EE.UU. y Canadá.
Las organizaciones exigieron que se publicase el documento aprobado el 3 de abril y no el modificado por el Consejo de Ministros. Consideraron que lo publicado el 12 de abril desvirtúa el proyecto consensuado con el CPT y que esa maniobra obedece a trabas que coloca el primer ministro Ariel Henry para dar largas al asunto.
Se supone que el Consejo debe asegurar una transición sin problemas, cuando Henry, nombrado pocos días antes del asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moise, dimitirá, lo que allanará el camino para una elección presidencial.Aunque renunció el 11 de marzo pasado y se halla en el extranjero, Henry aún sigue formalmente al frente del país. Desde el Consejo de Ministros señalaron que Henry presentará la dimisión luego del nombramiento de un nuevo jefe de Gobierno.
La publicación en el boletín oficial de Haití del nombramiento de los miembros del Consejo Presidencial de Transición supone un paso más en la instalación de esa institución, encargada de designar un primer ministro que sustituya a Ariel Henry y con poderes presidenciales hasta la investidura de un jefe de Estado elegido, a más tardar el 7 de febrero de 2026.
El 25 de marzo, la embajadora de Haití ante la UNESCO, Dominique Dupuy, seleccionado para representar a la coalición EDE/RED/Compromimeno Histórico, arrojó la toalla. La única mujer elegida como miembro del Consejo se refirió entonces a las amenazas de muerte contra su familia, así como a ataques misóginos. Fue reemplazada por Smith Augustin, ex embajador de Haití en la República Dominicana.
Sin presidente, ni sin Parlamento, Haití no celebra elecciones desde 2016. La capital del país, Puerto Príncipe, es propiedad en un 80% de bandas criminales, acusadas de numerosos abusos, en particular asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros para pedir rescate.
En el corazón de la situación de Haití hay un contrato social roto, un Estado que no rinde cuentas o no representa a la población en sí. En las últimas tres décadas se ha decantado la externalización del Estado haitiano. Aun antes del terremoto de 2010, un 80 % de los servicios públicos en Haití era controlado por actores privados (organizaciones sin fines de lucro, iglesias, bancos de desarrollo y el sector privado), pero no el Estado, que no está realmente presente en la vida de la gente.
Si bien los ciudadanos pueden hacer que su gobierno rinda cuentas, no pueden hacer que las organizaciones internacionales hagan lo mismo: ellos rinden cuenta a otras personas, no a los haitianos. Esta dinámica se extiende desde los servicios públicos tradicionales a la seguridad, que ha sido externalizada en tropas extranjeras, como los Cascos Azules de Naciones Unidas. Hasta la democracia en sí y el proceso electoral, ya que las elecciones en Haití han sido financiadas, diseñadas y finalmente legitimadas por actores externos.
Los miembros del CPT
Estos son los nueve miembros del consejo (siete con derecho a voto y dos sin él, como observadores):
Emmanuel Vertilaire: Designado por el partido Pitit Dessalines del excandidato presidencial Moise Jean Charles, Vertilaire es un antiguo juez de instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Cap-Haitien, segunda ciudad del país, que dimitió en 2022 por considerar que se incumplían los principios de independencia, imparcialidad y legalidad por parte del Consejo Superior del Poder Judicial. Actualmente es abogado en ejercicio en el Colegio de Cap-Haitien. También es director administrativo y financiero de la Université Publique du Nord au Cap-Haitien.
Smith Augustin: Representante por la coalición RED/EDE y Compromis Historique, este abogado, doctor en sociología y diplomático de formación es especialista en cuestiones políticas y sociales de las Américas y el Caribe, en especial en las relaciones haitiano-dominicanas. Fue embajador de Haití en República Dominicana entre 2020 y 2022. También fue alto funcionario de la ONU entre 2009 y 2014. Ahora trabaja como investigador y consultor.
Louis Gérald Gilles: Nombrado por el Acuerdo del 21 de diciembre, este activista político y médico fue senador bajo la bandera de Fanmi Lavalas del expresidente Jean Bertrand Aristide. En agosto de 2019, abandonó ese partido para formar el movimiento Nouvelle Orientation Unifiée pour Libérer Haïti (Nueva Orientación Unificada para Liberar Haití). En febrero de 2023, estuvo secuestrado siete días y fue liberado tras pagarse un rescate.
Fritz Alphonse Jean: Designado por el Acuerdo de Montana, este economista con casi 30 años de experiencia en los sectores público y privado y en instituciones internacionales fue gobernador del Banco de la República de Haití entre 1998 y 2001 y primer ministro entre el 26 de febrero y el 28 de marzo de 2016. En enero de 2022, los firmantes del Acuerdo de Montana le eligieron presidente provisional del país. Doctor en divisas y comercio internacional, es profesor en la Universidad de Estado de Haití y consultor económico.
Leslie Voltaire: Nombrado por el partido Fanmi Lavalas, este arquitecto urbanista ha trabajado durante casi 40 años en los sectores público y privado. Fue titular de Educación y ministro para los haitianos residentes en el extranjero. Enseñó arquitectura durante al menos quince años en la Universidad Estatal de Haití. Fue candidato presidencial en las elecciones de noviembre de 2010, que dieron la victoria a Michel Martelly.
Edgard Leblanc Fils: Este ingeniero, representante del Colectivo del 30 de enero, estuvo entre 1979 y 1991 en el departamento de transportes del Ministerio de Obras Públicas. Desde 1986 ha sido políticamente muy activo, participando en diversos movimientos e iniciativas regionales. En 1991 cofundó el partido Organización del Pueblo en Lucha. Fue encarcelado en 1994, elegido senador en 1995 y luego presidente del Senado de 1995 a 2000. En enero de 2016 fue candidato electoral para cubrir el vacío presidencial tras el mandato de Martelly.
Laurent St-Cyr: Nombrado por el sector empresarial privado, Laurent St-Cyr es presidente de la Cámara de Comercio de Haití. En diciembre de 2023 fue una de las personas que firmaron un acuerdo con Ariel Henry.
Frisnel Joseph: Este pastor representará como observador a la sociedad civil, el sector de La Diáspora. Es empresario, especialista en crisis humanitarias y consejero matrimonial. Representó al sector protestante en el Consejo Electoral Provisional en 2020. Es doctor en divinidad y dirige la iglesia baptista Bethel de Clercine.
Régine Abraham: Única mujer del consejo, representa como observadora al Rassemblement pour une Entente Nationale et Souveraine (Agrupación por un Entendimiento Nacional y Soberano, REN). Esta ingeniera agrónoma y alta funcionaria ha trabajado para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea. Estuvo durante quince años en el Ministerio de Medio Ambiente y actualmente es consultora en Medio Ambiente, Agronomía y Desarrollo Rural.
La seguridad
La situación de seguridad en Haití sigue siendo insostenible debido a la violencia causada por pandillas que dicen representar al pueblo haitiano, pero que prosperan gracias a la violencia y la miseria.
Las pandillas han cerrado infraestructuras y sitios económicos clave que son rutas de combustible, ayuda humanitaria y otros suministros vitales, y continúan negando a los haitianos su derecho a la alimentación, la educación y la atención médica.
Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, grupos armados han tomado el control de grandes zonas del país.La población sufre hambre, violencia generalizada y desplazamientos, consecuencia de un cúmulo de intervenciones militares y de ayuda humanitaria fallidas.Las políticas puestas en marcha por actores extranjeros como Estados Unidos y las Naciones Unidas, con la ayuda de una “elite local”, desplazaron al Estado haitiano, dejando al país en una continua inestabilidad.
La noción de un estado fallido es generalmente usada para justificar una creencia, que tiene raíces históricas, de que Haití no se puede gobernar a sí mismo, e impulsar la idea del “Estado dependiente” es con la intención de explicar qué ha causado la situación actual en Haití. Es un concepto que no solo involucra al país en su crisis actual, sino también a la política exterior de Washington, al colonialismo francés, las Naciones Unidas y la larga historia de intervenciones internacionales que ha sufrido desde su fundación.
Los actores internacionales
Jake Johnston, un economista y escritor estadounidense, explica cómo los actores internacionales han perpetuado la situación que se ve en el terreno hoy. Señala que en el corazón de la situación de Haití hay un contrato social roto, un Estado que no rinde cuentas o no representa a la población en sí.
«En los pasados 30 años y poco más, hemos visto la externalización del Estado haitiano. Aun antes del terremoto de 2010, un 80 % de los servicios públicos en Haití era controlado por actores privados. Ya sea organizaciones sin fines de lucro, iglesias, bancos de desarrollo y el sector privado, pero no el Estado.El Estado no está realmente presente en la vida de la gente», añadió.
Johnston señaló a la BBC que los ciudadanos pueden hacer que su gobierno rinda cuentas, pero no pueden hacer que las organizaciones internacionales rindan cuentas, ellas lo hacen a otras personas, no a la gente haitiana.
«Hemos visto esta dinámica extenderse más allá de los servicios públicos tradicionales. Se ha extendido a la seguridad, que ha sido externalizada en tropas extranjeras, como los Cascos Azules de las Naciones Unidas.Hasta la democracia en sí y el proceso electoral».
Es que, tradicionalmente, las elecciones en Haití han sido financiadas, diseñadas y finalmente legitimadas por actores externos.Así que cuando nos preguntamos por qué hay inestabilidad política, por qué el gobierno no tiene un mandato real y no puede proveer estabilidad, debemos comenzar mirando a un país al que no se le ha permitido ejercer su soberanía.